*Publicado el 26 de abril de 2016 en The Mexican Times
El pasado 21 de abril, el Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 4 en contra, la minuta por la que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; esto sin duda es un gran paso (necesario desde hace ya algunos años) que ha dado el Congreso de la Unión en conjunto con el Ejecutivo Federal, pues hoy día, todos los partidos políticos han hecho suya la bandera de la transparencia y la rendición de cuentas, al menos en el discurso teórico.
Grandes cambios se dieron – para bien – con esta nueva ley federal, como los nuevos sujetos obligados y las nuevas formas de clasificación de la información y los plazos de ésta, especialmente la clasificación de reserva temporal de la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Esto es de celebrarse ciertamente, pues el interés público aparentemente habrá de prevalecer como determinación de su reserva y el tiempo que ésta dure, lo que dará paso a la apertura de un “un mayor sentido de información y publicidad” de los asuntos relevantes para la sociedad mexicana. El ojo del ´demos ´ tendrá mayor oportunidad de ejercer su ´cratos´ (poder) de presión y objeción ante los azotes que le vulneren.
Frente a la Transparencia se encuentra la Anticorrupción – su hermano, no sé si el mayor o el menor de la familia, pero el lazo que los une definitivamente es inquebrantable – estos dos “grandes” temas de la agenda legislativa y del propio gobierno federal, han sido el dolor de cabeza de muchos legisladores, la preocupación de otros tantos, la bandera política de unos más y la indiferencia del resto de nuestros representantes en el Congreso de la Unión. Pareciera ser que ante la voluntad primaria que tuvo el tema de Anticorrupción para ser plasmado en la Carta Magna – y que ahora es una realidad, al menos ahí – ha quedado varado en la incertidumbre frente a la escasa voluntad de algunos grupos parlamentarios (especialmente del Revolucionario Institucional) que han decidido dilatar la aprobación de las leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción, que paradójicamente fue un tema con el que el Ejecutivo Federal pretendió legitimarse ante la opinión pública, de por sí desmoronada, respecto de los grandes escándalos de corrupción que han azotado, al menos en los últimos tres sexenios.
Resulta una tremenda e ilógica contradicción legislativa, la de por un lado vanagloriarse y celebrar la discusión y aprobación de la Nueva Ley Federal de Transparencia, y por otro, dilatar el proceso de aprobación de las leyes secundarias en materia de anticorrupción. No puede entenderse la transparencia sin un marco jurídico paralelo de anticorrupción y viceversa; un tema legitima directa e indirectamente al otro, cómo se pretenden obligar a rendir cuentas a la ciudadanía – ser “transparentes” – sin tener un marco normativo que sancione y defina los actos de corrupción, por lo que la fiscalización y denuncia ciudadana queda a medias.
El tiempo de este periodo ordinario de sesiones del Congreso está por finiquitarse, y sus encargos legislativos aún están pendientes, el ansiado 2018 está a la vuelta de la esquina, y es hora de ir preparando el camino, rendir cuentas claras ante el electorado que les permitan al menos seguir vigentes a los ojos de su partido, y en segundo término, pero no menos importante, de nosotros los ciudadanos.
