*Publicado el 21 de junio de 2016 en The Mexican Times
Los condenables y aberrantes hechos del pasado fin de semana en Oaxaca son una muestra clara de la desesperación por el control de lo público respecto de la protesta social y el abuso. No es un tema de maestros de la CNTE, ni de 43 estudiantes desaparecidos o autodefensas, ni mucho menos de guarderías, casas blancas o periodistas muertos; es hoy un tema de seria crisis en el terreno de lo político y lo social, que trasciende a la protesta en las calles, a la violación de derechos humanos y hoy a las propias armas.
Múltiples son los casos que han marcado la represión social en nuestro país, recordando a los estudiantes del trágico 1968 o la represión estudiantil denominada como el “Halconazo” en 1971. Pareciera que esto ya ha quedado sólo en los libros de historia (excepto los de texto gratuito) y que fuera un pasaje más del archivo histórico de México, pero hoy lamentablemente nos damos cuenta que siguen vigentes estas prácticas. El caldo de cultivo se está cocinando en perfectas condiciones en nuestro país para un levantamiento social de dimensiones considerables que pongan en riesgo la casi nula estabilidad nacional.
Los últimos dos sexenios han marcado la pauta y dado los elementos necesarios para acelerar este proceso de revolución social, quizá no en las armas pero sí en la presión y exigencia. Muchos piden la renuncia del Presidente de la República, pero verdaderamente es que ello no resuelve el problema de fondo. La corrupción, la desenfrenada violación de los derechos humanos, la represión social, la impunidad, la inseguridad y el bajo crecimiento económico son situaciones que ponen en riesgo la legitimidad del Estado mexicano – si es que goza de ella socialmente – y por ende pone en jaque al actual gobierno federal.
El gobierno federal en conjunto con los gobiernos locales se están colocando la soga al cuello, quieren terminar de ahorcarse frente a su propia desgracia. Es inconcebible que hoy en día, viviendo una etapa de avanzada jurisdiccional que cuenta con mayores instrumentos de protección a derechos humanos, sea de manera irónica mayormente vulnerados éstos frente a los ojos de todos los mexicanos y ante la indignación del exterior. El riesgo que se corre frente a esta situación es que este momento político social se presta perfectamente para el falso mesianismo de líderes que pretendan encausar una bandera de representación social con las prácticas de demagógicas en su extremo.
La figura del Estado mexicano moderno está perdiendo su rumbo democratizador, entendiéndose por éste, el pleno y legal ejercicio de su poder público en favor de quienes le legitiman: los mexicanos. Pareciera ser que el umbral de dolor del mexicano es bastante alto, pues lo preocupante es que todos estos elementos que vulneran nuestra esfera social e individual nos hacen “lo que el viento a Juárez”, nos hemos tardado quizá en reaccionar, ya sea por miedo, por desinterés o por ignorancia.
La opción concreta que México necesita es la revolución cultural, no la de las armas; el ciudadano se encuentra hoy día desprotegido por su Estado, vulnerable ante quienes sirven a la función pública bajo el despotismo “no ilustrado” pues sus decisiones parecieran no ser guiadas por la razón. La revolución cultural pretende ser una transformación en la educación cívica, en el fomento de la fiscalización ciudadana, en la exigencia política y en la voz de la protesta social sin benevolencia pero con apego legal. O será que ante estas medidas “de control estatal” y el mal ejercicio del poder público en extremo, es necesaria la sublevación?
